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Faenar tras los 65

La supresión de las pensiones compensatorias a las mariscadoras jubiladas por parte de la Xunta provoca su reincorporación al trabajo en las playas

Sara Vila/ Compostela

Empezaron a trabajar alrededor de los 14 años y ahora se les niega el derecho a jubilarse. La retirada de la pensión compensatoria a las mariscadoras gallegas jubiladas con pensiones no contributivas ha provocado la vuelta a la faena de aquellas que durante años trabajaron sin reconocimiento. Un reconocimiento que volvió a negárseles, esta vez por decreto del gobierno de la Xunta, hace ya un año con la retirada de la pensión compensatoria a las mariscadoras que no pudieron cotizar el período mínimo. La Xunta las volvió a hacer dependientes de sus maridos al suprimir los 557 euros mensuales que compensaban a estas mujeres que sufrieron las consecuencias de serlo.

María Jesusa Souto viene de cumplir los 65 años. Empezó a trabajar en las playas de Fene con 20 y si quiere tener una pensión contributiva tendrá que prolongar su vida laboral hasta los 70. A Jesusa no le importa trabajar, se aburre en casa y le gusta faenar junto a sus compañeras. Sin embargo, no confía en poder trabajar hasta los 70 porque reconoce que “el de mariscadora es un trabajo muy duro”. Recibe una pensión de viudedad y no espera seguir en las playas más de dos años. Los motivos por los que Jesusa no reúne 15 años cotizando a la seguridad social son tan simples como que dejó de mariscar cuando se casó y tuvo hijos. A los 35 años volvió a incorporarse al trabajo pero no pudo comenzar a aportar sus cuotas a la seguridad social hasta el año 2000. No pudo porque vivía en un mundo en el que lo importante era que cotizase el hombre y en el que su trabajo era considerado una actividad complementaria.

Además de los problemas que ya de por sí padece el sector pesquero, las mariscadores siempre han tenido el factor discriminatorio añadido de ser mujer. Un condicionante de género por el que se vieron fuera de las cofradías y demás estructuras organizativas del sector. Es cierto que en este sentido hubo grandes avances en los últimos años. La simple recuperación del nombre mariscadoras en lugar de mariscadores es un hecho significativo, pues el 95% del marisqueo lo realizan mujeres. También se logró que en las cofradías hubiese representación femenina, así como la participación de las mujeres en encuentros internacionales del sector pesquero.

Sin embargo, la Xunta no guardó una mínima sensibilidad de género cuando hace ya un año tomó la decisión de suprimir estas ayudas. Es sintomático que la inmensa mayoría de las pensiones no contributivas en Galicia vayan destinadas a mujeres, prueba de su papel secundario en el ámbito laboral. La actitud de la Xunta de Galicia al retirar los 557 euros de pensión compensatoria a las mujeres que no habían cotizado abrió de nuevo una brecha entre hombres y mujeres. Todas las mariscadoras que recibían esta ayuda enfocada a paliar una situación discriminatoria por la cual habían tenido dificultades para cotizar se quedaron sin ella. Las opciones que se les presentaban a estas mujeres que rondan los 70 eran conformarse con una pensión no contributiva o volver a trabajar para completar el mínimo de años cotizados a través de una medida extraordinaria de la Xunta, que hasta entonces no renovaba los permisos de marisqueo a las mayores de 65 años.

Los datos fueron confusos desde el principio. En un primer momento, la por entonces Conselleira de Mar, Rosa Quintana, contaba solo 178 mujeres afectadas. Mientras, desde la Asociación Galega de Mariscadoras (Agamar) calculaban que cerca de 1.000 mariscadoras se quedarían sin la ayuda a medida que fuesen cumpliendo los 65. A día de hoy, un año después de la polémica, desde la nueva Consellería de Medio Rural e Mar mantienen el mismo número de afectadas, sin tener en cuenta a las mujeres que en los próximos años cumplirán los 65 sin haber cotizado 15 años. Tampoco saben explicar qué cantidad de mujeres han vuelto a trabajar tras haber suspendido la pensión compensatoria. Por el contrario, desde el Gobierno sí se ofrecieron explicaciones sobre lo justo de la medida. La conselleira de mar, y ahora también de medio rural, Rosa Quintana, explicaba que “sería tremendamente injusto para aquellas mariscadores que pagaron religiosamente sus cuotas a la Seguridad Social que ahora las que no lo hayan hecho disfruten de los mismos derechos”. “Pensamos que no es justo que se gane más con ayudas que trabajando”, explicaba la conselleira en plena polémica, apelando a la “justicia y la igualdad”. Estas ayudas comenzaron a darse durante el gobierno del bipartito (PS-G y BNG) en la Xunta de Galicia. La ex funcionaria de extensión agraria y pesquera de la Xunta, Prudencia Santasmarinas cree que la implantación de esta pensión constituyó un acto “claramente electoralista” por parte del anterior gobierno. Santasmarinas es una figura clave para entender la situación de la mujer en el sector primaria. Trabajó en la profesionalización del marisqueo durante una parte importante de su carrera, por eso después del esfuerzo empleado para que las mariscadoras cotizasen le parece “justo que se les retire este privilegio a las que no lo hicieron”. Bajo su opinión, subvencionar a la mujer que no quiso tomar la decisión de cotizar por su cuenta y desprenderse del amparo económico de su marido supone “respaldar desde las instituciones actitudes patriarcales”. La presidenta de AGAMAR, Natalia Laíño, entiende las pensiones compensatorias que venían cobrando estas mujeres como una ayuda para paliar una dinámica mucho más difícil de percibir que discriminó a la mujer durante mucho tiempo. Se trataría una presión estructural que no permitía a las mujeres dar el paso de independizarse económicamente de su marido y que provocaba que la mayoría de ellas no aportasen sus cuotas a la Seguridad Social. Así, Laíño llega a la conclusión de que “lo que hizo la Xunta con esta medida fue legitimar las diferencias y el carácter marginal de las mariscadoras”. De este modo, apunta que hay que tener en cuenta que la profesión de mariscadora aún se regularizó definitivamente en el año 2.000, cuando se impuso la obligación de pagar a la Seguridad Social para obtener permisos de marisqueo. “Hubo mujeres que para cuando pudieron comenzar a cotizar ya estaban cerca de los 65, y no tuvieron tiempo de completar los 15 años necesarios”, explica la presidenta.

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