Galicia ya tiene un gobierno legal. No lo fue hasta hace unas semanas con la remodelación de su estructura; al reducir a ocho el número de consellerías y mantener a mujeres al frente de cuatro de ellas la Xunta de Feijóo cumple la ley de paridad. Y lo hace tres años después de entrar en el Gobierno. Esta pequeña corrección en la marcha no borra toda una sucesión de políticas activas de desigualdad que se pusieron en marcha en estos tres últimos años.
Quizás Feijóo haya adquirido de repente toda la conciencia de género que le ha faltado a lo largo de la legislatura, o quizás temía que el Tribunal Supremo tumbara su gobierno ante el recurso presentado por el PSG. El caso es que para enmendarlo todo, la Xunta debería volver atrás y rectificar buena parte de sus políticas.
No es creíble la repentina sensibilidad con las cuestiones de género de la Xunta después de haber suprimido la pensión compensatoria a mariscadoras jubiladas. Estas mujeres no pudieron completar el período de cotización mínimo porque su trabajo no constaba como profesión hasta el año 1991, una cuestión que responde a una estructura social puramente patriarcal. Otorgar a estas mujeres una pensión compensatoria suponía resarcir el daño causado por un sistema que da más importancia al trabajo masculino y sigue despreciando el femenino.
El gobierno gallego tampoco mostró simpatía por la causa de las mujeres con la aprobación de la Lei de Familia en junio del 2011. Se trata de una Iniciativa Legislativa Popular que promovía la “defensa del matrimonio y la familia”. Fue impulsada por los sectores más reaccionarios de la sociedad, grupos vinculados con el Opus Dei como el Foro Español de la Familia, o la Confederación Católica de Padres de Alumnos y la plataforma Hazte Oír.
El contenido de la ley es medieval. Todo vale para defender un modelo de familia único: desde culpar a las mujeres por la baja natalidad hasta ocultar el drama de la violencia machista, el principal problema que afecta a las mujeres en el seno de las familias tradicionales. Más que garantizar los derechos de la ciudadanía, esta ley constituye una letanía dogmática de marcado carácter católico y patriarcal.
El pretexto de la crisis ha servido también para dar algunos pasos más hacia atrás: menos ayudas a la dependencia o recortes en el programa Preescolar na Casa. La puesta en marcha del conocido como Salario da Liberdade a mujeres víctimas de violencia machista ha sufrido también el impacto Feijóo. Si en el 2006 se destinaban dos millones de euros con este fin, tras la entrada del actual gobierno la cantidad se ha ido reduciendo hasta quedarse en la mitad. Además, ha habido retrasos en los pagos a las mujeres afectadas.
El gobierno de la Xunta viene demostrando desde el año 2009 su despreocupación por las mujeres gallegas. Y no sólo eso. La Xunta encabezada por Feijóo trabaja contra las gallegas. Se reduce la igualdad a un eslogan. El nuevo porcentaje de representación femenina en el Consello de la Xunta es ahora del 44%, pero todavía no convence.
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