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O repentino feminismo de Feijóo

Galiza xa ten un goberno legal. Non o foi até hai unha semana coa remodelación da súa estrutura; ao reducir a oito o número de consellerías e manter a mulleres á fronte de catro delas a Xunta de Feijóo cumpre agora a Lei de Paridade. E faino tres anos despois de entrar no Goberno. Esta pequena corrección polo camiño non borra toda unha sucesión de políticas activas en prol da desigualdade que se puxeron en marcha nestes tres últimos anos.

Pode que Feijóo adquirira de súpeto toda a conciencia de xénero que lle faltou ao longo da lexislatura, ou pode que temese que o Tribunal Supremo botara polo chan o seu goberno ante o recurso presentado polo PSG. O caso é que para arranxalo todo, a Xunta debería volver atrás e rectificar boa parte das súas políticas.

Non é críbel a repentina sensibilidade coas cuestións de xénero da Xunta despois de ter suprimido a paga compensatoria ás mariscadoras xubiladas sen pensión contributiva. Estas mulleres non puideron completar o período de cotización mínimo porque o seu traballo non constaba como profesión até o ano 1991, unha cuestión que responde a unha estrutura social puramente patriarcal. Outorgar a estas mulleres unha pensión compensatoria implicaba resarcir o dano causado por un sistema que dá máis importancia ao traballo masculino e continúa a desprezar o feminino.

O Goberno galego tampouco amosou simpatía polas mulleres coa aprobación da Lei de Familia en xuño do 2011. Trátase dunha Iniciativa Lexislativa Popular que promovía a “defensa do matrimonio e a familia”. Foi impulsada polos sectores máis reaccionarios da sociedade, grupos vencellados ao Opus Dei como o Foro Español de la Familia, ou a Confederación de Pais e Alumnos e a plataforma Hazte Oír.

O contido da lei é medieval. Todo vale para defender un modelo de familia único: dende culpar ás mulleres pola baixa natalidade até ocultar o drama da violencia machista, o principal problema que afecta ás mulleres no seo das familias tradicionais. Máis que ser un garante dos dereitos da cidadanía, esta lei conforma unha ladaíña dogmática de marcado carácter católico e patriarcal.

O pretexto da crise serviu tamén para dar algúns pasos máis cara a atrás: menos axudas á dependencia ou recortes no programa Preescolar na Casa. A posta en marcha do coñecido como Salario da Liberdade a mulleres vítimas de violencia machista sufriu tamén o impacto Feijóo. Se no 2006 se destinaban dous millóns de euros con esta fin, tras a entrada do actual Goberno a cantidade foise reducindo até quedar na metade. Ademais, houbo retrasos nos pagos ás mulleres afectadas.

O Goberno da Xunta demostrou dende o ano 2009 a súa despreocupación pola mulleres galegas. E non só iso. A Xunta encabezada por Feijóo traballou contra as galegas. Reduce a igualdade a un eslogan. A nova porcentaxe de representación feminina no Consello da Xunta é agora do 44%, pero o feminismo de Feijóo aínda non convence.

Versión en castelán aquí

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Salirse del camino marcado para construir la paz en Euskadi

La idea adoptada por los sucesivos gobiernos españoles de la “tolerancia cero” con ETA no puede utilizarse para la construcción de la paz. La solución de los conflictos suele implicar que ambas partes cedan un mínimo en sus posturas iniciales. Por eso ya no vale negarse a hablar con ETA. Tampoco vale acusar de etarra a quien no utiliza el lenguaje oficial para referirse al conflicto. Así se quejaba de la situación el presidente de la organización pacifista Lokarri, Paul Ríos: “salirse del camino marcado por el pensamiento único no conlleva la crítica política, sino la descalificación y poner en duda si realmente se está en contra de ETA”.

El escenario ahora ha cambiado, tras el anuncio de ETA de cese de la actividad armada es necesario replantearse qué hacer con los presos del grupo terrorista que, según anunció, no volverá a utilizar la violencia. Y para saber qué hacer hay que salirse de ese camino marcado oficialmente y buscar vías para la paz.

La credibilidad de ETA ha salido malparada de acontecimientos como la ruptura del alto el fuego permanente con el atentado de la T4 en el 2006. Por este motivo hablar de amnistía es precipitado e injusto. Aún así, cuestiones como el acercamiento de presos y la creación de una comisión de revisión de penas constituyen pilares básicos para la resolución del conflicto. La supresión de la doctrina Parot y la puesta en libertad de personas cuyos delitos sean de pertenencia a banda armada o de apología del terrorismo son medidas que hay que adoptar ante el nuevo panorama en Euskadi.

Es importante entender el contexto en el que se encuentran las personas que conforman la sociedad vasca. Después del anuncio del fin de la violencia es justo iniciar un proceso integrador en el que todas las víctimas sean reconocidas. El papel de los ex compomponentes de ETA es fundamental. Se hace imprescindible su reinserción en la sociedad para consolidar la vía política. El estado, por su parte, debe reconocer sus abusos en la persecución a ETA (los paramilitares de los GAL) al igual que los ex terroristas deben reconocer los suyos. La empatía es fundamental. Para llegar a este punto es necesario crear un clima de convivencia en el que todos nos sintamos vencedores,  por eso hay que revisar muchas de las condenas de los presos etarras.

Por el momento no sería aceptable hablar de amnistía para aquellos presos con delitos de sangre. El concepto “asesinato político” puede incrementar el dolor de la víctima y no debe utilizarse como argumento. Además es importante no entrar en cuestiones que generen tensión, y esta la genera. Cuando se habla de asesinato sobran adjetivos. Solicitar la amnistía para quien haya matado supondría revisar toda la política penitenciaria del estado, sin limitarse a los asesinos de ETA.

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El 15M y la paradoja de la representatividad

“¡No nos representan!”, ha sido una de las proclamas más relacionadas con el movimiento del 15M. Esta frase se dirigía a los políticos que ocupan instituciones de una democracia desgastada y poco participativa. Pero tras el bloqueo del Parlament catalán esta frase parece haberse puesto en contra de los que, corroídos por la indignación, pretendieron impedir que se votase la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Al exigir una democracia más real no se está pidiendo que se haga lo que quieren quienes promulgan el cambio. CiU ganó las elecciones y alguien les habrá votado. Si se exige democracia ha de hacerse a sabiendas de que es probable que lo que uno quiere no sea lo que quiere la mayoría. Si no, no pidas “democracia real”.

Desde el primer momento este aspecto estuvo muy cuidado dentro de las movilizaciones. Se trata de un conjunto de personas con historias y motivos individuales para estar allí. Nadie podía representarlos. No había portavoces. Era un magma de indignación: personas en situación de desempleo, estudiantes sin perspectivas de futuro, pensionistas, eternos becarios… Pero cuando se llevan a cabo acciones como la del 15 de junio la minoría que estaba allí comenzó a representarnos. No solo a quienes estaban indignados, sino a la ciudadanía en general al bloquear una institución que es de todos. Y es que en realidad los políticos sí nos representan, el problema es que lo hacen mal. La solución, entonces, no es impedir que lo hagan, sino exigir que lo hagan bien. La cuestión de la representatividad se convierte, desde hechos como estos, en una paradoja y también en una controversia. ¿Quién nos representa más, un partido elegido en base a una ley electoral que muchos (no sabemos cuántos) consideramos injusta o una minoría (sí, minoría) que según dicen las encuestas cuenta con la simpatía de la mayor parte de la sociedad? Y aún creyendo que estas encuestas dan legitimidad, ¿también la mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo con la obstrucción del ejercicio de la democracia que tenemos? Al impedir el ejercicio de los procesos democráticos quienes protestaban en el Parlament se equivocaron. Quisieron erigirse como representación de la mayoría, se adjudicaron ese derecho. Suerte que esa minoría lo sea también dentro del propio movimiento.

La exageración de los disturbios, el tratamiento mediático, y la vocación peliculera de algunos de los diputados entrando en helicóptero aderezaron la percepción que se tuvo de los incidentes. Pero son aspectos complementarios que se han de tratar aparte, como elementos que se han convertido en indispensables en una sociedad del esperpento, el espectáculo y el morbo. Lo que queda es la esencia: el bloqueo en sí mismo y la paradoja de la representatividad.

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Burka: de la imposición a la prohibición

Los discursos simplistas suelen predominar hoy en día en una sociedad que padece de desinformación. La prohibición del burka y el niqab ha sido un tema que ha estado en boca de todos de un tiempo a esta parte, y, de nuevo, se han tomado como argumentos válidos simples indicios, suposiciones y afirmaciones basadas en tópicos que no profundizan en el problema real, si es que tal problema existe.

La sociedad occidental ha visto peligrar su statu quo ante la llegada de lo desconocido, y en vez de preocuparse por integrar nuevas realidades en la que se presume como multicultural Europa, se ha dedicado a cuestionar la libertad para el uso de ciertas prendas típicas en la mujer musulmana. El burka y el niqab han sido los puntos de mira de muchos europeístas convencidos que ven en estas prendas una amenaza a los valores occidentales.

El clima en zonas desérticas obligó a muchos, desde antes de la llegada del islam, a la utilización de éste tipo de prendas para protegerse. Posteriormente, ya en el siglo XX la moda del burka se reincorporó como símbolo de distinción de las clases más altas. En concreto, las mujeres que formaban el harén de un hombre distinguido eran obligadas a ponérselo para que nadie más pudiese disfrutar de su belleza. Obviamente se trata de un fenómeno machista a todas luces. Por más que se busque en la historia, vamos a encontrar argumentos machistas en el origen del burka y el niqab. Hablando en primera persona, considero estas prendas elementos represores de la mujer que yo me negaría a usar.

Hasta aquí podrían coincidir mis argumentos con los de cualquiera que se crea con derecho a prohibir. Pero hay muchos más puntos a tener en cuenta. El primero es qué quieren realmente las mujeres que usan el burka. En este sentido hay casos de mujeres que manifiestan sus deseos de usar esta prenda en libertad, y nadie debería tener potestad para prohibírselo. Aquí surge la segunda pregunta: ¿cómo entienden estas mujeres el uso del burka? Y aquí es importante repasar los argumentos de las afectadas que, según afirman, lo usan libremente: ” Leí libros sobre el islam, sobre la libertad de las mujeres, sobre las mujeres del profeta. Admiro mucho a esas mujeres: estaban emancipadas, eran feministas, y vestían así. Lo hago por acercarme a ellas. No es algo humillante, ni formo parte de una secta.”. Así lo explica Kenza Drider, una de las defensoras del uso del niqab en Francia, en una entrevista en www.webislam.com.

Puede que el caso de Kenza no sea representativo, pero aún así, preguntémonos ahora qué se consigue creando polémica en torno a este asunto. Hace algo más de un año, en pleno debate en Cataluña, el Instituto CERES publicó los resultados de un estudio que mostraba que tres de cada diez encuestados sentía rechazo hacia los musulmanes. Además, el 10% de ellos explicaba que se trataba de un sentimiento reciente. Se puede deducir, entonces, que el riesgo de estigmatización para estas mujeres es alto, y que la islamofobia puede aumentar. Ante esta situación surge un círculo vicioso que radicaliza las posturas, de modo que quienes se sientan musulmanes reivindicarán más sus costumbres a la vez que la xenofobia va creciendo, y así sucesivamente.

A parte de las consecuencias que pueda tener la prohibición de estas prendas es importante analizar el carácter aleccionador paternalista que se ejercería desde el “perfecto occidente” al “desorientado oriente”. Prohibir el burka sería eliminar el criterio propio de las mujeres musulmanas, cosificándolas sin tener en cuenta su voluntad y su propio derecho a rebelarse. Se trataría de un claro ataque a la libertad religiosa. Es necesario además, ver los problemas propios, ya que si hiciésemos un paralelismo, el canon estético occidental podría erradicarse también a base de prohibiciones con el mismo argumento. ¿Quién propondría la prohibición de las dietas para adelgazar? ¿Qué partido político se atrevería a decir que también los tacones oprimen a la mujer occidental al igual que el burka a la musulmana?

El objetivo final que tiene la prohibición de estas prendas es conseguir la igualdad social para hombres y mujeres. Entonces es importante saber si eliminando el burka se eliminan las desigualdades. Sería ingenuo creer que por dejar de usarlo las mujeres van a cobrar lo mismo que los hombres, o que el trabajo de casa se repartirá de forma equitativa. Podríamos considerar esta prenda como eso, un  trozo de tela que no va a cambiar en nada la realidad de las mujeres, al menos para bien. Los esfuerzos se deben canalizar entonces hacia la educación, la integración y la igualdad real entre mujeres (con burka o sin él) y hombres.

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